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La DEA enfrenta cuestionamientos en Estados Unidos por una operación en Nuevo México en la que presuntamente se permitió el tránsito y venta de grandes cantidades de fentanilo mientras se construían casos penales.
El País reportó que legisladores y el fiscal general de Nuevo México exigieron información sobre una estrategia comparada con prácticas de seguimiento controlado.
Las críticas señalan que agentes no habrían intervenido en transacciones de miles de pastillas, en un periodo con aumento de muertes por sobredosis en el estado.
La DEA rechaza que haya permitido deliberadamente que el fentanilo llegara a la población y considera que las acusaciones distorsionan el funcionamiento de investigaciones complejas.
El caso tiene interés para la frontera por la relación entre tráfico de drogas, cooperación México-Estados Unidos y comunidades afectadas por la crisis de opioides.
Nuevo México comparte región con Chihuahua y Texas, por lo que las decisiones de agencias estadounidenses pueden influir en seguridad, investigación y presión política en el norte de México.
El proceso seguirá en solicitudes de información y posibles investigaciones. La ciudadanía necesita transparencia para saber si las operaciones reducen daños o terminan ampliando riesgos.