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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 87 funcionarios públicos han sido sancionados durante los primeros dos años de la actual administración federal.
La dependencia señaló además que alrededor de mil 650 expedientes permanecen en proceso y que en total se han aplicado más de cuatro mil sanciones administrativas de distintos tipos.
Entre las irregularidades señaladas se encuentran pagos indebidos, compras injustificadas, ocultamiento de bienes, uso irregular de información y otras faltas administrativas.
La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, atribuyó a medidas de compras públicas, control de sobrecostos, reorganización administrativa y sanciones ahorros acumulados por aproximadamente 83 mil 800 millones de pesos.
Las cifras corresponden al balance presentado por la propia Secretaría y requieren seguimiento mediante auditorías, resoluciones firmes y recuperación efectiva de recursos.
El Gobierno sostiene que estas medidas buscan fortalecer controles internos y reducir espacios de discrecionalidad en contrataciones y obra pública.
La evaluación del combate a la corrupción deberá considerar no sólo el número de sanciones, sino su firmeza jurídica, la reparación de daños y la prevención de nuevas irregularidades.