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La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó disposiciones de la reforma electoral de Chihuahua que contemplaban la pérdida o cancelación de candidaturas en casos relacionados con injerencia de la delincuencia en procesos electorales.
El criterio de la Corte se concentró en problemas de proporcionalidad y responsabilidad personal dentro de las sanciones previstas, de acuerdo con la resolución reportada este martes.
La decisión no significa que haya quedado anulada toda la reforma electoral del estado. La revisión se refiere a disposiciones específicas que los ministros consideraron incompatibles con los parámetros constitucionales analizados.
La Corte también revisó otros aspectos de la legislación, entre ellos reglas relacionadas con nepotismo y con posibles formas de intervención externa en procesos electorales.
El Congreso de Chihuahua deberá atender los efectos de la sentencia y realizar las adecuaciones que correspondan dentro de los plazos establecidos por el máximo tribunal.
La resolución es relevante porque define los límites que deben respetar las autoridades cuando establecen sanciones que pueden restringir derechos político-electorales de una persona.
El impacto concreto dependerá del texto final que apruebe el Congreso estatal y de la forma en que las nuevas disposiciones sean aplicadas por las autoridades electorales en procesos posteriores.