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El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para combatir el acoso telefónico con fines comerciales o publicitarios.
El dictamen recibió 96 votos a favor y fue enviado a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.
La propuesta establece que proveedores y empresas no podrán realizar llamadas, mensajes, correos u otros contactos no autorizados de manera reiterada para vender productos o servicios.
También plantea multas que van de decenas de miles de pesos a más de 2.3 millones de pesos para quienes incumplan las nuevas disposiciones.
Uno de los objetivos es que los consumidores puedan manifestar de forma efectiva que no desean recibir publicidad y que las compañías no puedan evadir responsabilidades mediante terceros o centros de llamadas.
La iniciativa cobra relevancia porque México se encuentra entre los países con mayor volumen de llamadas no deseadas y porque este tipo de comunicaciones también puede facilitar intentos de fraude.
La reforma todavía deberá ser revisada por la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley vigente.