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El Gobierno de México prepara un decreto para aumentar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos de odio, violencia, acoso y otras publicaciones consideradas dañinas en redes sociales.
La propuesta obligaría a plataformas digitales a mejorar mecanismos de detección, retiro de contenidos, clasificación por edades y controles de seguridad para cuentas utilizadas por menores.
También se plantea fortalecer herramientas de supervisión parental y establecer canales de comunicación más claros entre las empresas tecnológicas y las autoridades.
La iniciativa surge después de hechos de violencia escolar que reabrieron la discusión sobre el impacto de comunidades digitales, algoritmos y contenidos que pueden normalizar agresiones o conductas de riesgo.
El reto será equilibrar la protección de menores con derechos como libertad de expresión, debido proceso y claridad sobre qué autoridad determina cuándo una publicación debe ser retirada.
Las empresas tecnológicas tendrán que conocer el texto final antes de determinar los cambios técnicos y jurídicos que deberán implementar en México.
El decreto aún debe publicarse formalmente y su aplicación práctica será clave para saber si se convierte en una política de prevención efectiva o genera controversias por criterios demasiado amplios.