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Miles de personas participaron el domingo 18 de octubre en una nueva movilización en Guadalajara para exigir agua potable de calidad y respuestas a las denuncias de uso excesivo de la fuerza en una protesta anterior.
La convocatoria reunió a habitantes inconformes con el servicio de agua y con lo ocurrido el 11 de octubre, cuando manifestantes denunciaron detenciones y agresiones de agentes de seguridad.
Durante el recorrido aparecieron grupos de personas encapuchadas que causaron daños en establecimientos y edificios públicos, de acuerdo con reportes periodísticos de la jornada.
Organizadores y asistentes señalaron que esas personas no representaban sus demandas y denunciaron la posible presencia de provocadores. Esas acusaciones no deben presentarse como hechos comprobados sin una investigación.
El gobernador Pablo Lemus condenó los actos violentos y pidió que la manifestación transcurriera pacíficamente; las autoridades estatales no habían difundido al momento del reporte un balance final de daños.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el organismo estatal desplegaron observadores y pidieron garantizar la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica.
La movilización volvió a colocar el acceso al agua limpia en el centro del debate público. Las responsabilidades por los daños y por las denuncias de abuso policial corresponden a las investigaciones de las autoridades competentes.