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Cruz Pérez Cuéllar volvió a colocar en el centro del debate público a la Torre Centinela. A unas horas de su inauguración, el alcalde con licencia la calificó como una obra “faraónica”, “de relumbrón” y cuestionó que alrededor de 4 mil millones de pesos se hayan destinado a un complejo de seguridad que, desde su perspectiva, no responde a las prioridades más urgentes de Ciudad Juárez. Incluso aseguró que con ese dinero pudieron construirse distribuidores viales o pavimentarse cientos de calles.
El señalamiento abre una discusión válida sobre el uso del dinero público. Toda obra de gran escala debe justificar su costo, demostrar resultados y explicar con claridad cómo beneficia a la población. También es legítimo preguntar cuánto costará su mantenimiento y si la inversión tecnológica tendrá resultados medibles en materia de seguridad.
Sin embargo, la crítica también genera una evidente contradicción política. Pérez Cuéllar cuestiona al Gobierno del Estado por destinar miles de millones a una obra mientras Juárez tiene necesidades de pavimentación, movilidad y servicios, pero precisamente muchos de esos problemas pertenecen al ámbito municipal y han acompañado a su propia administración.
Uno de los ejemplos más visibles es el estado de las calles. El propio Municipio ha reconocido durante años la magnitud del problema de los baches. En mayo de 2026 anunció la incorporación de 12 cuadrillas adicionales de bacheo a las seis municipales ya existentes, precisamente porque el problema continuaba en distintas zonas de la ciudad. En 2025 también puso en marcha programas intensivos y brigadas especiales para atender el deterioro de las vialidades.
Los datos municipales muestran que sí ha existido inversión. Recientemente Obras Públicas reportó más de 30 mil baches atendidos, 27 calles pavimentadas y 20 parques rehabilitados durante 2026. Pérez Cuéllar también ha presumido cifras acumuladas de cientos de calles rehabilitadas y más de 140 parques recuperados durante su gestión.
El problema es que las estadísticas no siempre coinciden con la experiencia cotidiana del ciudadano. Para quien circula diariamente por calles deterioradas, encuentra congestionamientos o ve espacios públicos todavía necesitados de mantenimiento, poco importa cuántos miles de baches aparecen en un informe si el trayecto de su casa al trabajo continúa complicado.
Algo parecido sucede con la entrada de Ciudad Juárez por la carretera Panamericana. El propio Ayuntamiento reconoce que se trata de uno de los principales accesos de la ciudad y actualmente desarrolla una rehabilitación del camellón, con una inversión de aproximadamente 45 millones de pesos. A finales de agosto la obra registraba apenas alrededor de 20 por ciento de avance.
También está el problema de la movilidad. Apenas esta semana comenzó la construcción del puente superior de Juan Pablo II y Valle del Sol, una intervención de 150 millones de pesos que busca atender una zona por la que diariamente circulan entre 30 mil y 35 mil vehículos y donde el congestionamiento se convirtió en un problema cotidiano para decenas de fraccionamientos.
Por eso resulta irónico escuchar que la Torre Centinela debió convertirse en pavimento o distribuidores viales sin plantear con la misma severidad por qué, después de años de gobierno municipal, Juárez todavía necesita programas extraordinarios de bacheo, nuevas obras para destrabar el tráfico y rehabilitaciones en sus principales accesos.
Eso no significa que la Torre Centinela esté libre de cuestionamientos. Su costo debe transparentarse y sus resultados deberán demostrarse. Si no reduce delitos, no mejora la coordinación policial o termina convirtiéndose únicamente en un edificio costoso, las críticas de Pérez Cuéllar tendrán fundamento.
Pero la misma regla debe aplicarse al Municipio. Un gobierno no puede exigir resultados a otra administración sin someter sus propias obras y servicios al mismo nivel de escrutinio.
Ciudad Juárez no necesita una competencia para decidir qué gobierno gastó peor. Necesita calles transitables, parques funcionales, accesos dignos, movilidad eficiente y seguridad. La discusión sobre la Torre Centinela sería mucho más útil si obligara tanto al Gobierno estatal como al municipal a responder una pregunta sencilla: ¿qué problema concreto le resolvió cada peso invertido al ciudadano?
La crítica política es necesaria. La autocrítica también.