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La Fiscalía General de la República investiga el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de combustible ilegal localizado en un predio de San José Iturbide, Guanajuato.
El caso comenzó con el aseguramiento de una pipa en julio y condujo posteriormente a un operativo de mayor escala en el que fueron encontrados contenedores, vehículos de carga y documentación.
Las autoridades investigan si el combustible proviene del robo a Petróleos Mexicanos, del contrabando desde Estados Unidos o de una combinación de mecanismos ilegales.
El volumen asegurado convierte el caso en uno de los decomisos de combustible más grandes reportados en México. Hasta ahora, la investigación busca identificar a responsables, rutas de distribución y posibles destinos.
El robo y comercio ilegal de combustibles afecta las finanzas públicas, genera riesgos de seguridad y puede involucrar redes empresariales, transportistas y organizaciones criminales.
El País informó el 18 de septiembre que en el operativo participaron fuerzas federales y autoridades locales, mientras la FGR continúa integrando la investigación.
El tamaño del decomiso no equivale por sí mismo a una sentencia contra personas o empresas. Las responsabilidades deberán establecerse con pruebas, órdenes judiciales y resoluciones de las autoridades competentes.