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Un proyecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación propone reforzar los mecanismos para verificar quiénes pueden acreditarse como observadores electorales.
La propuesta, elaborada por el magistrado Felipe Fuentes Barrera, plantea revisar bases de datos para impedir que servidores públicos vinculados con programas sociales participen como observadores cuando exista una incompatibilidad legal.
El proyecto responde a impugnaciones presentadas contra un acuerdo del Instituto Nacional Electoral que modificó mecanismos de verificación utilizados en procesos anteriores.
Partidos de oposición han pedido recuperar los cruces de información con padrones de servidores públicos para reducir posibles conflictos de interés durante las elecciones.
El asunto será discutido por la Sala Superior del Tribunal y todavía no constituye una resolución definitiva.
El debate adquiere relevancia porque el proceso electoral de 2027 ya comenzó y la autoridad deberá acreditar a miles de ciudadanos que soliciten participar como observadores.
Cualquier cambio deberá buscar equilibrio entre facilitar la participación ciudadana y garantizar que quienes observen las elecciones cumplan con los requisitos de imparcialidad establecidos en la ley.