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El Partido Acción Nacional mantiene una iniciativa para aumentar las penas contra servidores públicos que sean declarados responsables de colaborar con organizaciones criminales.
La propuesta presentada por legisladores del PAN plantea reformas al Código Penal Federal y a la legislación contra la delincuencia organizada.
El proyecto contempla sanciones que podrían alcanzar entre 80 y 140 años de prisión en determinados supuestos relacionados con participación de funcionarios en estructuras criminales.
El dirigente nacional del partido, Jorge Romero, volvió a defender la iniciativa y pidió endurecer las consecuencias legales contra autoridades que utilicen su cargo para proteger actividades delictivas.
La propuesta deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente y puede ser modificada, aprobada o rechazada por las cámaras del Congreso.
El debate incluye aspectos sobre proporcionalidad de las penas, eficacia de las sanciones y necesidad de fortalecer investigaciones para evitar que las reformas se limiten a aumentar castigos sobre el papel.
Por ahora se trata de una iniciativa partidista y no de una norma vigente; cualquier responsabilidad penal debe acreditarse mediante investigación, juicio y sentencia.