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El Gobierno de Claudia Sheinbaum prepara una estrategia para reducir la violencia política durante el proceso electoral de 2027, después de que anteriores elecciones registraran asesinatos, amenazas y ataques contra aspirantes y candidatos.
La propuesta busca coordinar a autoridades federales, estatales y electorales antes de que las campañas entren en su etapa de mayor intensidad.
La violencia política se ha convertido en uno de los principales riesgos de los procesos electorales mexicanos, especialmente en municipios donde grupos criminales buscan influir sobre gobiernos locales.
El tema importa porque en 2027 se renovarán miles de cargos públicos y la seguridad de candidatos, funcionarios electorales y ciudadanos será necesaria para garantizar participación y competencia política.
Entre los retos se encuentran identificar zonas de riesgo, compartir inteligencia, atender amenazas a tiempo y evitar que las medidas de seguridad sean utilizadas con fines partidistas.
Para Chihuahua, donde también habrá competencia por cargos locales, el diseño nacional deberá adaptarse a las condiciones específicas de cada región y coordinarse con las autoridades estatales.
La eficacia de la estrategia dependerá de reglas transparentes y resultados verificables, ya que proteger el proceso electoral implica tanto prevenir agresiones como garantizar que las instituciones actúen con imparcialidad.