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El Gobierno federal trabaja en una estrategia para identificar las zonas del país con mayor riesgo de violencia política durante el proceso electoral 2026-2027, en el que se renovarán miles de cargos federales, estatales y municipales.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el diseño contempla ubicar regiones donde pueda requerirse una mayor presencia de la Guardia Nacional y una coordinación reforzada entre instituciones de seguridad.
El proceso electoral de 2027 incluye 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos locales y más de 2 mil alcaldías y presidencias municipales. La amplitud de la elección incrementa el reto de prevención en estados con presencia de grupos criminales.
La Consejería Jurídica de la Presidencia también trabaja en una metodología para que los partidos puedan presentar listas de aspirantes y solicitar análisis de riesgo sobre posibles vínculos con organizaciones delictivas.
En elecciones anteriores se han documentado asesinatos, amenazas, secuestros e intimidaciones contra aspirantes y operadores políticos. Por ello, autoridades electorales y de seguridad han advertido que la infiltración criminal es uno de los principales riesgos para el proceso.
El mecanismo deberá equilibrar prevención, debido proceso y derechos políticos. La existencia de señalamientos o investigaciones no puede sustituir las decisiones de las autoridades competentes ni convertirse automáticamente en una sanción electoral.
El plan tomará forma conforme avance el calendario electoral. Para estados fronterizos como Chihuahua, la coordinación entre autoridades será relevante por la extensión territorial, la competencia municipal y los antecedentes de violencia en distintas regiones del país.